Asinec, la asociación provincial coruñesa que agrupa a instaladores electricistas y de telecomunicaciones, muestra su satisfacción ante la instrucción aprobada por la Xunta para mejorar la seguridad de las instalaciones de Baja Tensión y luchar contra el intrusismo en este sector, agravado debido a la crisis económica. La nueva regulación obliga a la empresa instaladora a realizar la certificación de la obra ejecutada por ella, certificación necesaria para que el usuario final pueda contratar el servicio con la compañía suministradora. De esta forma, como destaca Asinec, se evita el intrusismo ya que se estaban dando numerosos casos en los que empresas y personas sin la cualificación necesaria llevaban a cabo obras que luego certificaban otras empresas. Esto, además de fomentar el intrusismo, ponía en riesgo la seguridad de los consumidores.
Tampoco podrán terminar obras aquellas empresas que no las hayan iniciado, salvo en las siguientes excepciones:
- Renuncia expresa de la empresa que inició la instalación a terminarla.
- Cese de actividad de la empresa instaladora que inició la instalación antes de certificarla.
- Suministro a servicios esenciales (centros sanitarios, educativos, servicios sociales…).
En cualquier otro caso, un instalador que termine la obra de otro se arriesga a una sanción de 600.000 euros y la suspensión de la actividad o el cierre del establecimiento por un periodo de hasta 5 años.
Peligros del intrusismo
Asinec destaca que “esta falta de ética profesional provoca que los precios del sector caigan (un intruso no paga sus impuestos, ni su seguro de responsabilidad civil, etc…), afecta a la ciudadanía y repercute en la calidad de las instalaciones por tener que competir con los intrusos en desigualdad de condiciones. Esta competencia desleal compromete la seguridad del usuario final, debido a los riesgos que conlleva la realización de trabajos eléctricos por empresas no habilitadas, lo que supone que personas con un bajo conocimiento de electricidad y en materia de seguridad estén manipulando una instalación, que puede suponer un grave riesgo para los usuarios. Además, muchos de estos instaladores carecen de un seguro de responsabilidad civil que cubra posibles desperfectos que se puedan ocasionar”.
