La Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones de España, FENIE, organización representante del colectivo de empresas instaladoras, muestra su preocupación ante la falta de visión de la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, sobre la situación que viven las empresas instaladoras en cuestiones de morosidad y cumplimientos de pago.
Nadia Calviño, indicaba en el Congreso de los Diputados, el pasado miércoles que considera “excesivamente burocrático e ineficaz” un régimen sancionador para la morosidad que proteja a los autónomos y pequeñas empresas de España.
El colectivo de empresas instaladoras, formado principalmente por autónomos y pymes de pocos trabajadores, es uno de los sectores más afectados en cuestiones de morosidad y cumplimientos de pago, principalmente en las relaciones comerciales con constructoras y grandes empresas y operadores, a la que se añaden los costes financieros asociados que lastran en gran medida su viabilidad.
Los resultados obtenidos del estudio desarrollado por FENIE en este ámbito, ponía de manifiesto que la situación es alarmante. En el caso de los plazos de pago, en más del 40 % de las operaciones comerciales con constructoras y grandes empresas, el periodo medio de pago supera los 60 días mientras que más del 35 % de las operaciones comerciales supera los 90, llegando a superar los 180 días.
El colectivo de empresas instaladoras se encuentra en una tensión constante de plazos de pagos y cobros que afecta directamente a la viabilidad de las mismas. De hecho, el principal problema que se encuentran las empresas es motivado por la falta de liquidez ocasionada principalmente por los plazos de pagos que vienen sufriendo.
Por todo esto, FENIE ha participado en la consulta pública correspondiente al anteproyecto de ley de creación y crecimiento de empresas, que la ministra ha hecho mención en su comparecencia en el Congreso de los Diputados.
En dicha consulta se remarcaba, entre otras cuestiones, la necesidad de implantación de un reglamento sancionador y la regulación de los instrumentos financieros usados estratégicamente para “enmascarar” los plazos reales de pago que proteja a los autónomos y pequeñas empresas de España ante la situación de abuso que vienen sufriendo en los comportamientos de los pagos.
Desde FENIE se va a continuar trabajando en la defensa de los intereses de las empresas instaladoras y, en particular, en la implantación del reglamento sancionador, condición necesaria para la supervivencia de un segmento empresarial tan necesario para la sociedad.
FENIE es la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones, integrada por 74 asociaciones que agrupan a más de 15.000 empresas. Cerca de 95.000 trabajadores altamente especializados, cuyo volumen anual de negocios supera los 7.900 millones de euros.
