FENIE, la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones de España, solicita al Gobierno que se le dé prioridad a la regulación de las comunidades energéticas para evitar la proliferación de grandes corporaciones con la protección de administraciones públicas que desvirtúen la participación de los ciudadanos en favor de los intereses económicos de los promotores.
FENIE ha venido trabajando en la regulación del autoconsumo desde hace varios años entendiendo que posicionaba a los usuarios en el centro de la generación renovable.
La Federación sostiene que la publicación del real decreto de autoconsumo supuso un antes y un después en el sector energético dado que, a través de esta modalidad de suministro, se ha conseguido hacer partícipe al usuario, ya sea a nivel doméstico como industrial, en el modelo de generación renovable, a través del desarrollo del autoconsumo en sus instalaciones, lo que ha supuesto, además, minimizar las pérdidas de energía eléctrica en las redes acercando los puntos de generación y consumo y promoviendo, al mismo tiempo, una actividad empresarial local y cualificada derivada del elevado número de instalaciones que es necesario ejecutar para su desarrollo.
FENIE ha trasladado a diferentes ámbitos regulatorios que, según cómo se desarrolle la figura de la comunidad energética, puede suponer un freno al desarrollo de instalaciones de autoconsumo en las viviendas o industrias de los interesados y, con ello, reducir la participación de la ciudadanía en la gestión de sus propias plantas y minimizar las bondades energéticas que conlleva el desarrollo del autoconsumo.
La Federación considera que la futura regulación de las comunidades energéticas debe de contemplar estos aspectos de tal forma que se le dé continuidad al modelo actual y, con esto, evitar que el autoconsumo se ofrezca a los ciudadanos a través de la factura sin que éstos tengan vinculación alguna con las instalaciones, condición por la que se les hace participe del modelo de generación renovable.
Para ello, desde FENIE, sostienen la importancia de mantener la distancia actual entre generación y consumo y que las comunidades energéticas no dispongan de beneficios regulatorios a los cuales no pueda acceder un usuario individual que esté interesado en generar y consumir su energía en sus propias instalaciones.